martes, 20 de julio de 2010

Reforma de la ley de cajas: expolio de su patrimonio social y desnaturalización.

Siempre de acuerdo en lo esencial. Sólo diferencias de matiz.

Llama la atención sobremanera cómo ha pasado totalmente desapercibido en el reciente debate sobre el Estado de la Nación la reforma que el PSOE ha acometido, con la total aquiescencia del arco parlamentario, contra las Cajas de Ahorro. No obstante esta reforma es la puntilla a una serie de reformas menores y fusiones politizadas que se llevan haciendo desde hace unos años. Solo desde las asociaciones de usuarios (ADICAE) y sindicatos no politizados han recurrido dicha reforma ante el Tribunal Supremo.


Las claves de esta reforma destructiva son las siguientes:

1. Dicha reforma se ha realizado mediante Decreto-Ley, es decir, por vía de urgencia, lo que impide y oculta el debate político y social que debería darse con una reforma que afecta a la práctica totalidad de la sociedad y que va a incidir de manera determinante en la economía de España (o mejor dicho, en la economía tutelada por poderes extranjeros que opera en España). El PP, en teoría la oposición, se ha apresurado a apoyar dicha "reforma" (eufemismo que esconde su destrucción) de las Cajas.

2. Con la reforma se permitirá captar capital privado con el fin de reforzar la solvencia y además se abre la posibilidad de trasladar el negocio a los bancos. Lo cual supone, como hemos venido denunciando, la práctica desaparición de la función de las Cajas de Ahorro.

En lo que respecta a la capitalización de las Cajas, se ha abierto una nueva vía al permitir realizarla a través de las cuotas participativas, las cuales contarán, al contrario de lo que sucede ahora, con derechos políticos. Este punto, pese a los límites que se anuncian en forma de cupos máximos o nuevas mayorías para la toma de decisiones fundamentales, supone un ataque directo contra la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro y contra su función social.

En ningún caso se ha tenido en cuenta los rasgos característicos que definen a este tipo de entidades como son el fomento del ahorro, la atención a familias y PYMES o su naturaleza social, sino que se va a proceder a la bancarización del sector del ahorro, rompiendo definitivamente el modelo social que determinaba la actividad de este tipo de entidades.

Pese a que el límite máximo que las cuotas participativas pueden representar en el patrimonio de estas entidades se ha fijado en el 50%, en la práctica esto supone que una entidad privada se puede hacer con el control total de la entidad. Conviene recordar a este respecto que muchas empresas e instituciones financieras se dirigen con porcentajes muy por debajo de este límite, con lo que las decisiones y directrices que se marquen para la entidad las decidirá un agente privado.

Relacionado con este punto, hay que tener en cuenta que las acciones y las cuotas participativas hay que remunerarlas. Este hecho supone que de los beneficios que obtenga la entidad como resultado de su actividad, deben de minorarse para retribuir al capital, lo que va a provocar consecuentemente una caída de las cantidades destinadas a la obra social de las Cajas de Ahorro, uno de sus principales valores, reconocidos además por toda la sociedad.

En el caso de la cesión del negocio a un banco, la situación sería parecida. Las decisiones las tomaría un agente privado, al que habría que remunerar por el capital invertido. El sobrante, iría a parar a la fundación en la que se habría convertido la Caja de Ahorros, perdiendo ésta poder de decisión y convirtiéndose en un mero actor secundario a expensas de lo que decida el banco del que depende.

3. Se supone que con la reforma se va a limitar la presencia de cargos políticos. Pero despolitizar no es privatizar. Se han cambiado a los politicuchos locales por los politicuchos nacionales que ejercen su control sobre la banca a través de la regulación y del gobernador del Banco de España, nombrado por el Gobierno.

4. Por último, el patrimonio social de las Cajas no queda con esta nueva legislación salvaguardado de su utilización para la capitalización o la especulación. Y a ello inevitablemente se verán abocadas muchas Cajas, hoy en día en la más absoluta ruina por culpa de una gestión politizada de las mismas y una malversación de sus caudales.

Muchas Cajas de Ahorro estuvieron durante años regidas por la Iglesia y por carlistas. Durante aquellos años fueron instrumento contra la usura y en favor de la justicia social y de una economía sana y estable. Los políticos y banqueros del sistema liberal juancarlista decretaron desde su instauración la destrucción de las mismas. Con esta reforma llega de hecho su fin.